Las dos Españas del cannabis: Podemos y Ciudadanos a favor, PP y PSOE en contra
Es la droga ilegal más usada, un consumo que no baja tras un siglo de prohibición y que ha llevado a varios países a regularlo
España entra en el debate de la legalización a su modo, partida en dos pero, esta vez, sin izquierdas ni derechas: Podemos y Ciudadanos a favor. PSOE y PP en contra
Legalizar el cannabis controlaría la sustancia, reduciría el daño, debilitaría al mercado negro, rebajaría la delincuencia, recaudaría 3.312 millones de euros en impuestos, crearía puestos de trabajo, eliminaría el estigma, aliviaría a miles de enfermos y garantizaría los derechos civiles y la libertad individual... Lo dicen médicos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, juristas, sociólogos, economistas, pacientes. Lo dicen los liberales y algunas izquierdas.
Legalizar el cannabis dispararía los brotes psicóticos, el cáncer y las patologías cardiovasculares; aumentaría exponencialmente los problemas de salud pública, violencia y accidentes; no compensaría los gastos sanitarios que produce su adicción con la recaudación de impuestos; banalizaría y subiría el consumo, alimentaría las ambiciones mercantilistas de sectores privados, bajaría el rendimiento escolar, no protegería a los jóvenes y sería inconstitucional... Lo dicen médicos, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, juristas y economistas. Lo dicen algunas derechas y otras izquierdas.
Legalizar el cannabis, elegir entre estas dos frases: «La mafia es más dañina para la sociedad que el cannabis» versus «Legalizar el cannabis es una falacia casposa: un porro no cura».
Legalizar el cannabis divide al país, engendra el debate, nos parte a la mitad... Vuelven las dos Españas. Pero esta vez no vienen con banderas, ni traen la ideología puesta: Podemos y Ciudadanos a favor. PSOE y PP en contra.
Francisco Igea, médico y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso: «España vive en el peor de los mundos: la prohibición no baja el consumo, ni la percepción del riesgo; aquí es como tomar una caña. No podemos seguir con esta falta de libertad. Conviene no banalizar, porque es una droga. Hay que analizar su impacto médico, pero hay que tratarlo como el alcohol o el tabaco. Se puede llegar a un acuerdo con Podemos si la propuesta es seria; estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque tengo pocas esperanzas de que salga adelante por el pacto entre los conservadores del PP y del PSOE».
Miguel Vila, diputado e impulsor de la ley que presentará Podemos en 2019: «Queremos una regulación antimonopolio, que genere beneficios sociales para todos. La legalización beneficiaría la salud pública porque aseguraría la calidad del producto, acabaría con el narcotráfico, aportaría ingresos al Estado, crearía puestos de trabajo y reduciría el crimen».
Jesús Aguirre, médico y portavoz del PP en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas: «El cannabis afecta al desarrollo cognitivo y produce alteraciones neurológicas. El 40% de las urgencias por drogas corresponde a consumidores de cannabis. Cuanta más banalización y accesibilidad, más consumo. Legalizar es una falacia casposa: un porro no cura. En el 20% de las muertos por tráfico había THC en sangre. Aumenta las agresiones de género y sexuales. No es alcohol o tabaco, porque el cannabis altera tu personalidad. El coletas dice que Andalucía puede ser el granero de cannabis de Europa. ¿Por qué no sembramos amapolas y nos hacemos el granero de heroína del mundo?».
María Aurora Florez, filóloga y portavoz del PSOE en la Comisión Mixta de Drogas: «Hablar de uso terapéutico es un mensaje peligroso, alimenta la baja percepción del riesgo. Hay que estudiarlo más. El consumo de cannabis está asociado al tabaco, lo cual es una sinergia peligrosa. Para nosotros, predomina la salud personal y pública. Y el cannabis es una sustancia tóxica».
Quizá estemos ante uno de los pocos asuntos que separa a los iguales y que une a los distintos, un debate transversal, casi apolítico, un asunto humeante y vivo: más de dos millones de personas en España han fumado marihuana o hachís en el último mes.
Unas 700.000 están fumando porros hoy.
El debate sobre la regulación del cannabis para uso terapéutico y recreativo visita a la sociedad cada cierto tiempo. Pero ahora parece que va en serio.Ha llegado al Congreso. El pasado jueves, en la sala Ernest Lluch, aquel socialista asesinado por ETA que fuera un histórico ministro de Sanidad, Podemos extendió durante cinco horas un puñado de argumentos con expertos de muchas ramas para pedir la legalización. Y el próximo marzo presentará una propuesta de ley para que España se parezca a nueve estados norteamericanos, a Uruguay y a Canadá y se convierta en el primer país de Europa en regular el mundo del cannabis, ese viejo compañero de la Historia.
Cuentan que las velas de las carabelas de Cristóbal Colón estaban hechas con cáñamo, que el emperador chino Shen Nung tenía en su farmacopea derivados de la planta que nos ocupa, que la humanidad lleva 10.000 años conviviendo con el cannabis... «Yo fumo porque me gustan el sabor y el olor; jamás he tenido una sobredosis, porque es imposible. Resaca, sí. Yo he tenido dos comas etílicos y ya no bebo. Pero por fumar no me ha pasado nada. La regulación daría seguridad, recaudación legal y puestos de trabajo», dice Álvaro Zamora mientras se lía otra ración de hachís a la puerta de Leaf Life, una empresa distribuidora de productos al por mayor destinados al cultivo y consumo del cannabis de la que es manager. Si un policía pasara por aquí, lo multaría: está fumando en la vía pública.
Coloquemos el asunto: en España está permitido el consumo propio y la posesión de marihuana pero sólo en casa, porque en la calle significa registro o multa: 360.000 al año, 1.000 al día, según Constanza Sánchez, doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad Pompeu Fabra. No está penalizado el autocultivo para consumo propio, pero está prohibido si la planta está en la vía pública o se ve desde la calle. Es ilegal plantar para vender o traficar. Es legal plantar para uso medicinal pero si el consumo se produce fuera de España. Y hay un fármaco (Sativex) hecho con derivados cannábicos que está aprobado por la Agencia del Medicamento.
Pese a la prohibición, el consumo crece. Según la encuesta EDADES (Ministerio de Sanidad), si en 1995 fumaba a diario un 0,7% de españoles, en 2015 era un 2,1%. Nueve de cada 10 consumidores mezclan el cannabis con el tabaco. La media es de dos porros al día. Y el consumo problemático afecta a unas 560.000 personas. El cannabis es la cuarta droga más usada tras el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes.
Una encuesta de 2016 de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) indica que el 60% de los jóvenes está a favor de la regulación, que la mayoría piensa que aumentaría el consumo pero no los problemas y que el 81% dice que no fumaría más de lo que fuma porque fuera legal. Un estudio más reciente (2018) de Electomanía cuenta que los partidarios de la legalización son el 68% (un 77% entre votantes de Ciudadanos y un 69% entre votantes del PSOE).
Una de las grandes preguntas del debate es si la legalización potenciaría el consumo. El estado de Colorado (EEUU) reguló el cannabis en 2014. O sea, que tiene cuatro años de experiencia para comparar. La Encuesta Nacional de Uso de Drogas y Salud (NSDUH, en inglés) muestra que si en la población general el consumo ha subido un punto entre 2013 (15%) y 2016 (16%), entre los jóvenes se ha producido un descenso continuado: del 12% en 2013 al 9% en 2016. Otro estudio del Washington University School of Medicine mide que entre 2002 y 2013, periodo en que 13 estados legalizaron el uso terapéutico y algunos el lúdico, el consumo bajó un 10%.
Pero no todo el mundo cree en esas cifras. «Los informes sobre legalización son contradictorios; hay para todos los gustos. No hay evidencias científicas», dice Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD. «En dos años de legalización se pasa del 9% al 18% en índices de adictos. La legalización multiplica la adicción y dispara los brotes psicóticos y los problemas cardiovasculares», sostiene el popular Aguirre.
El informe El efecto de las leyes de marihuana medicinal en el crimen en EEUU, publicado este año en The Economic Journal, calcula que en los estados limítrofes con México la delincuencia bajó un 13% entre 1992 y 2012: «Los agricultores locales cultivan marihuana que venden a los dispensarios legalmente. Los carteles venden menos y compiten entre sí».
Cannabis y dinero. Droga y mercado negro en los países prohibicionistas. Marihuana e impuestos en los legalizadores. El caso de Colorado es tan gráfico que en la web oficial del estado se va reflejando mes a mes la recaudación por ventas en tiendas y por impuestos. Actualizado a octubre de este año, desde 2014 Colorado ha recaudado 5.516 millones de dólares en ventas (1.022 entre enero y agosto de 2018). Y por impuestos, en 2017 recaudó 247 millones de dólares, y entre enero y septiembre de este año lleva 200.
¿Qué pasaría en España? Lo más impactante lo firma este mismo mes un estudio de la Unidad de Políticas de Drogas del Servicio de Psicología y Logopedia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Según este trabajo, España ingresaría 3.312 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Se regularizarían 101.569 puestos de trabajo. Se debilitarían las redes criminales, ya que su cuota de mercado quedaría reducida hasta el 15% del total.
Si la legalización contemplara el autocultivo (libre de impuestos), los clubes sociales de cannabis (tributarían sus trabajadores) y el libre mercado (sujeto a impuestos), el volumen de negocio total sería de 8.514 millones de euros al año. Se recaudarían 1.021 millones en IVA, 486 millones derivados de los impuestos especiales, 371 en impuestos de sociedades, 1.407 en IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social y 26 en impuestos derivados de la exportación.
Una estimación del impacto económico de la regulación elaborada por Iván Ayala, doctor en Economía por la Complutense, especialista en fiscalidad y asesor económico de Podemos, indica que con un 51% de impuestos indirectos (a un precio medio de 10 euros el gramo), el Estado ingresaría 1.481 millones de euros anuales. Eso sin contar ingresos por licencias, impuestos directos, cannabis terapéutico, exportaciones y productos derivados. «Si España regulara el cannabis mañana, el año que viene tendríamos 1.400 millones más».
El economista liberal Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, sugiere que el punto de vista económico es «interesante para estudiar», pero que el argumento fundamental para despenalizar la marihuana es «un elemental respeto a la libertad individual de cada cual: en mi cuerpo mando yo y no el Estado».
Cuando era director del Plan Nacional sobre Drogas, el doctor Francisco de Asis Babínintervino en el Congreso Internacional sobre Cannabis celebrado en Catoira (Pontevedra) en noviembre de 2017. Allí defendió que la legalización responde a una «ambición mercantilista» que facilita el consumo y expande un mercado que aportaría «pingües beneficios a quien lo liderara». Aseguraba que en Colorado ha aumentado el mercado negro y que en España se han detectado conexiones entre clubes cannábicos y redes criminales. «El mercado aumentaría el riesgo para la salud personal y colectiva, disminuiría el rendimiento escolar e incrementaría la violencia». Y establecía un argumento novedoso: «La Constitución consagra el derecho a la protección de la salud y obliga a incorporar al ordenamiento jurídico los Tratados Internacionales. Una regulación estatal sería en sí misma inconstitucional».
Héctor Brotons, director del Estudio Jurídico Brotsanbert, especializado en salud pública y políticas del cannabis, dice que la regulación es una cuestión de «derechos civiles». «La prohibición vulnera la dignidad, porque no se trata a los consumidores como personas libres. Vulnera el respeto a la vida privada. Y no rebaja el consumo. Es caprichosa: hay absoluciones con 10 kilos de hachís y condenas con 10 gramos. La legalización lleva el dinero al Estado y no a la mafia. Y no es anticonstitucional, porque la salud pública no es un derecho fundamental, sino un principio rector. El Estado debe promover la salud, pero no por encima del desarrollo personal y la dignidad. Es decir, hay derecho a tener mala salud».
El psicólogo y doctor en Farmacología José Carlos Bouso no niega los riesgos del cannabis, pero se hace una pregunta: «¿Son más controlables regulando o aumentan cuando hay estigmatización? En el 40% de los ingresos en urgencias por drogas hay presencia de cannabis, pero el ingreso no es por cannabis. No es cómo afecta el cannabis al consumidor, sino a la sociedad. Regular protege. Incluso al menor. El negocio es mejor en manos de la sociedad que del crimen organizado. La mafia es más dañina para la sociedad que el cannabis».
Para la profesora de Derecho Penal y ex magistrada de la Audiencia Nacional y ex directora del Plan Nacional sobre Drogas, Araceli Manjón, la prohibición «combate la oferta y desprecia la reducción del daño». «Debe haber una regulación distinta para el cannabis terapéutico, basada en un derecho a la salud y la dignidad, y otra para el recreativo, basada en la libertad y la seguridad».
Carola Pérez lleva 13 operaciones de espalda. Pasa la mayor parte del día boca abajo desde que se rompió el coxis. Se medicó de todo lo medicable y encontró en los derivados del cannabis un remedio para el dolor. «Pero es muy poco discreto que el camello venga a tu oficina». Es la presidenta del Observatorio de Cannabis Medicinal. «Hay 120.000 pacientes que usan el cannabis en una inseguridad sanitaria y jurídica estresante».
Desde la FAD, Eulalia Alemany apuesta por una política «a favor de la salud pública». Y el cannabis «es una droga que altera la percepción y tiene efectos en la salud física y psíquica». «En España ya está despenalizado el consumo, y si banalizamos el asunto repetimos el problema que tenemos con el alcohol. La legalización no es lo que nos conviene. Y yo no me creo que proteja a los adolescentes».
Como presidente del Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo del Cannabis, Hugo Madera se ha reunido con políticos de los principales partidos. Cuenta que hay más apuesta por la legalización en voz baja que en declaraciones públicas. Y él lo tiene claro: «El prohibicionismo no ha mejorado nada. La legalización daría dinero al Estado, atacaría al narcotráfico y eliminaría los riesgos de adquirir una sustancia que está adulterada en el mercado negro».
Han pasado 100 siglos y aquí seguimos, echando humo
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